Radio América. Alrededor de 50 constancias de amnistía política ha extendido la Secretaría de Derechos Humanos, con las que ya se habrían beneficiado unos 100 hondureños.
“Esta amnistía se da en un contexto donde la persecución política tuvo diversas manifestaciones”, comenzó diciendo la ministra del ramo, Natalie Roque.
Señaló que se acusó de usurpación, secuestro, terrorismo e incendio agravado, que no tendría que ver exactamente con un delito político “per se” como la sedición.
La funcionaria explicó que existen decenas de beneficiarios, entre ellos, estudiantes, gente del movimiento campesino y ciudadanos normales que salieron a protestar en Cortés contra los peajes.
“Estamos hablando de más de 50 constancias que hemos extendido individual y colectivamente para más de cien personas”, dijo recordando un caso particular como el del joven Eduardo Urbina.
El antes mencionado se mantuvo exiliado en Costa Rica debido a acusaciones de incendio agravado a un camión militar durante las protestas en el marco de la reelección presidencial en 2017.
En torno al decreto legislativo 04-2022 aprobado por el Congreso Nacional, el pasado 2 de febrero, también hay dos casos de exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) que se han vuelto mediáticos.
Uno de ellos ha sido el del exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza y el exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, procesados en años anteriores por delitos relacionados a la corrupción.
“Quiero decirles que la Secretaría de Derechos Humanos no lleva estos casos -Poder Ciudadano- y que en dado casos los cuestionamientos que se hacen y la mediatización deberían pasar por consultas al Poder Judicial quien en dado caso es quien determina la aplicación o no del decreto de amnistía”, apuntó.
“El decreto mismo si ustedes lo estudian establece que la Secretaría de Derechos humanos y el COFADEH no tienen ninguna competencia respecto al conocimiento de esos casos”, arguyó.
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Con el reporte de: Héctor Murillo
