Radio América. Miguel Aguilar, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), se manifestó en contra este viernes de la ampliación de contratos de energía aprobados ayer por el Congreso Nacional, en una justificación de suministro para el Litoral Atlántico del país.
En la sesión virtual de ayer (jueves) los diputados del Parlamento hondureño determinaron aprobar cuatro contratos de energía, desatando el alegato de un sector que dice haber una jugada de por medio aprovechando la necesidad de evitar más racionamientos en los departamentos de Atlántida, Colón y Yoro.
“Así como se ha pronunciado la Comisión Reguladora y el ODS, esperamos que lo haga la comisión interventora de la ENEE”, inició diciendo.
A criterio de Aguilar esta acción del Legislativo no amerita quedarse callado. Por lo que, considera que esa forma de ampliación avasalla a la estatal eléctrica.
“Golpea financieramente la ENEE y al usuario porque estos vencían en 2021 y 2022”, expresó.
En ese sentido señaló que la Ley General de Energía Eléctrica establece que cuando finalizan ese tipo de contratos se deben someter a un proceso de licitación abierta en donde participen otros actores nacionales e internacionales a fin de buscar mecanismos en los que el kilowatt salga a mas bajo costo.
Aguilar denunció que un contrato de estos aparentemente se estaría cobrando a precio de diesel cuando en realidad se genera a base de bunker. De esa forma solicitó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) investigar este hecho.
“Es inaceptable que el Congreso haya aprobado una ampliación en estas condiciones”, insistió en una exhortativa a “rectificar” lo aprobado.
Al ser consultado si habría negocios en torno a estos contratos, Aguilar expresó que “a leguas se ve que existen acuerdos bajo la mesa”.
Lamentó que se haya violentado la Ley de Energía y a la vez externó su preocupación por la situación financiera que atraviesa la ENEE para cumplir con ese tipo de acuerdos.
Los cuatro contratos de energía aprobados por el Congreso fueron sometidos a licitación, pero han sido modificados violentando la Ley General de la Industria Eléctrica, denunció ayer en un comunicado la CREE y el Operador del Sistema (ODS).
Es la CREE que supervisa y aprueba los contratos adjudicados en los procesos de licitación y luego son enviados al Congreso Nacional, señaló por su parte el director de la asociación de productores de energía, Kevin Rodríguez.