Colegio de Economistas exige la aprobación del presupuesto electoral

Radio América. El Colegio Hondureño de Economistas Capítulo Noroccidental ante la cercanía de las elecciones generales a celebrarse el próximo 28 de noviembre y su evidente importancia para el futuro del país, manifiesta que la situación de las finanzas públicas se ven inmersas en riesgos aún mayores y que la caída en los ingresos tributarios y el peso de las obligaciones derivadas del endeudamiento público de los últimos años pondrán mayores retos a la política fiscal presa permanente del gasto corriente y de la inversión pública ejecutados con amplias evidencias de corrupción y despilfarro.

Exponen que estas situaciones y otras más son el marco dentro de las que se estarán realizando las elecciones generales del 28 de noviembre del 2021.

«Estamos conscientes de la importancia de estas elecciones no solamente porque se escogerán las nuevas autoridades, sino también para que el país pueda concertar objetivos compartidos y políticas públicas creíbles que a su vez permitan mejorar la situación de las empresas, los hogares y las instituciones públicas del país», cita el pronunciamiento.

Seguidamente, agrega que con suma preocupación han observado que a cuatro meses de las elecciones se presentan situaciones que ponen en precario el ya deteriorado proceso electoral. La ausencia de un mecanismo tanto humano como técnico que elimine las posibilidades de un fraude electoral, la falta de presupuesto para las tareas pendientes, los constantes enfrentamientos entre los concejeros y la deteriorada confianza del pueblo en ellos, son algunas de esas situaciones que requieren de un abordamiento inmediato.

Por lo anterior, exhortan a todos los sectores del país a estar atentos a defender la realización de un proceso electoral limpio en todos sus resultados, justo en todas sus actividades y desligado de los intereses de las cúpulas partidarias que controlan los organismos electorales.

Exigen además a las autoridades del país a asumir esa responsabilidad, contribuyendo al sometimiento de los miembros de la junta electoral receptora a la ley para que se realice un conteo y llenado del acta de cierre respetando la voluntad expresada por el ciudadano.

Así como a la construcción de una solución técnica para la transmisión y registro de datos que sea rápida, confiable y la aprobación del presupuesto electoral para la ejecución del cronograma electoral.

Al mismo tiempo, el garantizar el cumplimiento de la normativa respecto al financiamiento a los candidatos a cargos de elección popular.

Finalmente, la aplicación de la ley por las autoridades electorales cuando se incurra en un delito electoral antes, durante o después de celebradas las elecciones y el acompañamiento del proceso electoral por mecanismos efectivos e independientes de monitoreo y veeduría tanto nacionales como internacionales.