Radio América. Pretensión de una facción del Congreso Nacional de silenciar el día de las elecciones generales a las dos magistradas del Consejo Nacional Electoral (CNE) puede ser penado por la ley, advierte el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Vladimir Mendoza.
“El caso del CNE es bien complicado porque ahí lo que he analizado es que están violentando el artículo 72 de la Constitución de la República en lo que respecta la libre emisión del pensamiento y expresión”, manifestó Mendoza.
El artículo de 72 establece que es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones.
En ese sentido, el comisionado dijo que no se puede establecer qué información pueda darse a conocer cuando toda esta es pública.
De igual manera, expresó que no es posible que en las elecciones generales de noviembre próximo donde debe existir mayor transparencia, se esté pretendiendo que solo el representante del Partido Nacional en el máximo organismo electoral, Kelvin Aguirre, sea el que brinde declaraciones el día de los comicios.
Mendoza aseveró que si esta situación llegara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado de Honduras enfrentará una demanda.
“Hasta el momento el decreto bozal no ha sido publicado en el diario oficial La Gaceta, pero como IAIP podríamos establecer algún punto o hacer recomendaciones que no sean contrarias a lo que establece la Constitución de la República”, concluyó.
Con información de Javier Riviera
