Radio América. El Congreso Nacional aprobó derogar el artículo 131 A de la Ley Orgánica del Presupuesto contentiva en el Decreto Legislativo 82-2004, publicado el 21 de junio de 2004 en el diario oficial La Gaceta edición 30,421, mismo artículo adherido a la referida ley mediante artículo 238 del decreto 141-2017.
La derogatoria viene como cumplimiento inmediato de la sentencia de fecha 30 de enero de 2019 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia donde declara inconstitucional por razón de forma el artículo 239 del decreto 141-2017.
La congresista Fátima Mena, explicó que “Le estamos devolviendo al Ministerio Público la potestad de investigar casos sin pedirle permiso al Tribunal Superior de Cuentas”.
Además – le estamos ordenando al TSC que informe al Ministerio Público los casos recibidos al amparo del pacto de impunidad.
El presidente Luis Redondo agregó diciendo que “Desde este Poder del Estado se va a fortalecer al Tribunal Superior de Cuentas”.
Apoyo de los congresistas al proyecto aprobado:
El congresista por parte del Partido Liberal, Mauricio Villeda, dijo que “Señor Presidente Redondo, la discusión de su proyecto no lo veo como una orden para cumplir una sentencia, su proyecto lo veo como un paso adelante en contra de la corrupción, así lo veo yo”
En ese contexto, el jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Tomás Ramírez, recordó que en el Congreso Anterior se presentó un proyecto de ley para que el Ministerio Público no tuviera injerencia o pidiera los expedientes que el TSC estaba tratando para los funcionarios de la administración pública.
«Hoy hemos abierto esa brecha derogando el decreto para que el Ministerio Público investigue cualquier acto de la administración pública que considere conveniente», destacó el parlamentario.
«Antes el MP había solicitado al TSC expedientes de funcionarios, pero los mismos fueron negados por el decreto referido, pero hoy con la reforma se pedirá que de forma inmediata los mismos se entreguen a la Fiscalía de la República para su respectiva investigación», dijo Ramírez.
Con la derogación del decreto, el entrevistado en Radio América, cree que el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público deben actuar conjuntamente en los casos considerados necesarios investigar, con el fin de transparentar la administración pública, «y todas las personas naturales y jurídicas que utilizan fondos del Estado, sepan que habrá una entidad que investigará si los recursos fueron bien utilizados».
En ese sentido, el Ministerio Público no esperará auditorías de hasta 7 años en una investigación para actuar contra un funcionario que no hayan buen uso de los recursos estatales.
«Creo que este Congreso Nacional es transparente y quiere lo mejor para Honduras. Si combatimos la corrupción o el robo de fondos públicos, seguramente tendremos para dar mejor educación, salud y generar proyectos de inversión social que crean empleos», puntualizó.
Información: Héctor Murillo
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