Radio América. El Congreso Nacional este martes derogó la Ley de Secretos, que fue un «amparo para quienes cometÃan actos de corrupción descarada en Honduras», expresó el diputado presidente Luis Redondo.
Además, dijo que la Ley de Secretos habÃa servido para impedir que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), pudiera tener la información o las pruebas necesarias para acusar, y que se hubiesen resarcido los daños con los que se afectó a miles de hondureños.
Por su parte, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, manifestó que, «con la derogación de la Ley de Secretos, los funcionarios públicos no se harán de la vista gorda con los actos de corrupción».
«Ahora cuando vean que hay hechos de corrupción, se estará en la obligación de cumplir con el mandato de ponerlo en conocimiento en el Ministerio Público», remarcó la parlamentaria.
«Me ha dado gusto la participación de todos los diputados en la derogación de la nefasta Ley de Secretos que nunca debió existir porque era abusiva», manifestó la congresista Kritza Pérez.
Aunque entendió que hay información reservada referente a la defensa y seguridad nacional, sin embargo, señaló que las que mantengan presupuesto y contratos, entonces debe ser pública».
La diputada enfatizó que la población tiene el derecho de acceder a la información pública, por ejemplo, los medios de comunicación, los congresistas y demás personas que aportan a la Tasa de Seguridad, «pero no sabemos donde van a dar esos fondos», cuestionó.
Con la derogada Ley de Secretos las instituciones tendrán que presentar los informes al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) quien deberá dar a conocer el tipo de información que estaba como reservada o clasificada.
En ese sentido, la parlamentaria liberal indicó que se establecerán pasos a seguir para deducir responsabilidades administrativas, civil o penal a los que hayan cometido irregularidades.
«Ahora los de la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO) liderados por Luis Javier Santos, no tendrán obstáculos a la información, sobre todo, en casos de corrupción, precisó la entrevistada en Radio América.
En tanto, Ivonne Ardón, titular del Instituto de Acceso a la Información Pública, destacó que a la entidad se le retornó la institucionalidad como órgano garante.
La comisionada recordó que, desde que entró en vigencia la Ley de Clasificación de Documentos, al IAIP le redujeron su radio de incidencia para obligar a las instituciones publicar la información de lo que estaban haciendo en materia de seguridad y defensa.
La funcionaria señaló que algunas instituciones públicas mantenÃan información de fideicomisos que la ley no les amparaba y sin tener ningún tipo de control.
Ardón puntualizó que una vez publicada en el Diario Oficial La Gaceta, y si las instituciones no presentan solicitudes al IAIP para que se reserve información, pues de inmediato estas deberán publicarla en el portal de transparencia y atender las peticiones de los ciudadanos.
Información: Héctor Murillo
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