Radio América. El Concejo Territorial Indígena Ravaka, en defensa de su territorio este miércoles expresó su firme oposición a la construcción de una cárcel en el departamento de Gracias a Dios.
«Esta decisión no solo es injusta, sino que también amenaza nuestra cultura, medio ambiente y el bienestar de nuestra comunidad», soslayó el pronunciamiento.
Violación de derechos territoriales
«Este proyecto se realiza sin el consentimiento libre, previo e informado de nuestra comunidad, ignorando el derecho legítimo a decidir sobre el uso de nuestras tierras, tal como lo estipulan convenios internacionales como el 169 de la OIT», señaló el Consejo indígena.
Además, pormenorizó que «la tierra no es solo un recurso; es el fundamento de nuestra identidad y espiritualidad. La construcción de esta cárcel significaría una agresión directa a sus espacios sagrados, nuestra biodiversidad y la armonía de su territorio».
Del mismo modo, el comunicado enfatizó que una cárcel trae consigo riesgos de inseguridad, estigmatización y ruptura de la paz en «nuestras comunidades, alterando las relaciones sociales que hemos cuidado durante generaciones».
Desconexión con necesidades reales
«Nuestra comunidad enfrenta desafíos críticos como el acceso a la educación intercultural, la salud, el fortalecimiento de nuestras prácticas agrícolas tradicionales y la protección de nuestros derechos colectivos. Este proyecto no responde a esas necesidades y prioriza intereses externos sobre el bienestar de nuestra gente», añadió el escrito.
En ese contexto el Consejo Territorial exigió que «se respete nuestra autodeterminación como pueblo indígena. Demandamos un diálogo genuino con las autoridades indígenas, donde nuestra voz como dueños del territorio sea escuchada y respetada».
Inversión en proyectos sostenibles
«Instamos al Gobierno a canalizar recursos hacia iniciativas que fortalezcan nuestro desarrollo integral, desde nuestra cosmovisión, y no a proyectos que destruyen nuestro tejido social y ambiental», demandó el consejo indígena.
Rayaka reafirmó su compromiso con «la defensa de nuestro territorio, cultura y nuestra gente. «No permitiremos que se impongan decisiones que atenten contra nuestra existencia y nuestros derechos colectivos», advirtió la nota.
«Las tierras de los pueblos indígenas de la Mosquitia no es para construir cárceles y negamos toda clase de colonización por parte del Gobierno de Honduras, enfatizó el pronunciamiento.
«Tierras de la Mosquita son indígenas y no del Estado»
La construcción de una cárcel en territorios indígenas plantea serias preocupaciones en cuanto a los derechos humanos, la autonomía de los pueblos originarios y la protección de sus territorios ancestrales.
En el pronunciamiento se rechaza categóricamente la instalación de centros penitenciarios en tierras indígenas, en tanto que violaría principios fundamentales consagrados en leyes nacionales como en tratados y acuerdos internacionales.
«La idea de ubicar una cárcel en territorios indígenas no solo constituye una forma de colonización moderna, sino que también es una amenaza directa para las culturas, el entorno natural y la autodeterminación de estos pueblos.», soslayó la nota.
Rechazo a Cárcel de Máxima peligrosidad
En el mencionado rechazo se arguyó que la construcción de la cárcel en tierras indígenas contradice varias normativas internacionales que protegen los derechos de los pueblos
Entre las cuales se incluyen la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos ancestrales (2007). En su artículo 10, la declaración establece que «ningún pueblo indígena podrá ser trasladado de sus tierras o territorios sin su consentimiento libre, previo e informado».
Del mismo modo, afirmaron que la construcción de la cárcel sin el consentimiento de la comunidad indígena violaría este principio fundamental.
Según el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989), ese tratado, ratificado por numerosos países, estipula que los pueblos indígenas deben ser consultados en cualquier proyecto que afecte sus tierras y modos de vida.
De acuerdo con el artículo 6 del convenio, «los pueblos interesados deben ser consultados cada vez que se prevean medidas legislativas.
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