Radio América. Desde octubre del año 2018, hace casi dos años, el Juzgado de Ejecución Penal de San Pedro Sula, como consecuencia del hacinamiento de privados de libertad en «El Pozo», Ilama, Santa Bárbara, ordenó el cierre de dicho reclusorio.
Desde esa fecha, según registros de ese Juzgado no hay reporte de ingresos de condenados a esa cárcel, desde esa instancia judicial.
Ante la muerte por Coronavirus de un condenado ahà ingresado, el Juzgado de Ejecución además de ordenar hoy martes el total aislamiento de los reclusos y la inmediata declaratoria de emergencia, ha ordenado también a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) cumplir de forma estricta con todas las resoluciones emitidas por el Juzgado de Ejecución Penal, en las cuales, entre otras disposiciones, se les instruye para clasificar los privados para que reciban atención médica inmediato.
Aparte del aislamiento total de los presos se ordena a la autoridad carcelaria informar sobre las medidas de bioseguridad implementadas en los módulos de «El Pozo».
«En caso de no haberlo hecho se ha ordenado que inmediatamente se les practiquen pruebas de detección del virus COVID-19, a todos los privados de libertad, personal administrativo, social y de seguridad», enfatiza la orden del Juzgado de Ejecución.
Tal disposición, se fundamenta según los responsables de ese estrado judicial, porque los reclusos no han recibido visitas de sus familiares durante la emergencia decretada por la epidemia de Coronavirus.
Adicionalmente, durante esta lapso de cuarentena, es decir, desde el 16 de marzo, en ese Tribunal sà se han celebrado audiencias de condenados recluidos en la cárcel de Ilama, Santa Bárbara, pero las mismas se han efectuado sin la presencia de los condenados para no exponerlos a riesgos y amenazas de contagios por Coronavirus.
