Radio América. El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, este miércoles se refirió a la reyerta e incendio ocurrido en la PenitenciarÃa Nacional Femenina de Támara en donde perdieron la vida violentamente al menos 46 privadas de libertad y, a las decisiones que la presidenta Xiomara Castro por la destitución del ministro de Seguridad, Ramón Sabillón y de la renuncia de Julissa Villanueva en la Comisión Interventora de Centros Penales.
En ese contexto el parlamentario oficialista señaló que existe responsabilidad del Estado de Honduras en la muerte de las privadas de libertad.
El congresista felicitó a la presidenta Xiomara Castro por demostrar su capacidad en la toma de decisiones con la destitución del ministro de Seguridad, Ramón Sabillón y la renuncia de Jullissa Villanueva, esto ante la necesidad urgente por lo sucedido recientemente en el sistema carcelario del paÃs.
El profesional del derecho consideró que en el curso de las investigaciones se señalará otras responsabilidades de mandos intermedios directamente relacionados como al director (a) de la PenitenciarÃa Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara, Francisco Morazán.
«Felicito a la presidenta Xiomara Castro por la toma de decisiones de separar a los dos responsables (Ramón Sabillón y Julissa Villanueva) de la catástrofe o la muerte de las mujeres atribuibles al Estado de Honduras», remarcó el entrevistado.
Ante lo acaecido en la cárcel femenina, el diputado expresó, «estamos teniendo una espiral de violencia del crimen organizado en los centros penitenciarios, «creÃamos que ya se habÃa hecho algún trabajo, pero las estructuras criminales han asestado un golpe diciendo aquà estamos intactos», añadió.
Ante la lucha contra la violencia estructural, el profesional de las leyes aspira que el Gobierno tenga éxito ante la guerra del crimen organizado o las estructuras criminales frente a la mayorÃa de los buenos ciudadanos hondureños.
Para el entrevistado, tanto el director de centros penales y el titular de la cárcel de mujeres de Támara por cuestión ética y moral deben poner sus puestos a disposición de la presidenta para que tome las decisiones respectivas.
Debido a la violencia con saldo de muertos en los centros de reclusión, el congresista enfatizó que, cada vez que muere un privado de libertad es responsabilidad del Estado de Honduras por estar en custodia de la seguridad de las personas.
Ante ese escenario, Ramón Barrios aconsejó al Gobierno llegar a un acuerdo con los familiares de las más de 40 vÃctimas para no exponerse a una demanda y sentencia internacional, por ejemplo, en compensaciones económicas.
Información: Héctor Murillo
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