Radio América. El ex-coordinador del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), José MarÃa DÃaz, señaló este martes que en las investigaciones del caso de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), no se descarta que aparezcan mas funcionarios de alta categorÃa involucrados.
El profesional ante eso manifestó que con los 16 requerimientos fiscales presentados con las evidencias recabadas, no significa que después en la investigación no se pueda desarrollar contra funcionarios de mas alta categorÃa.
Asimismo, que con los funcionarios capturados o procesados se espera que colaboren con evidencias mas contundentes sobre otras personas al parecer involucradas respecto al enjuiciamiento de la compañÃa DESA.
«Confiemos que en el transcurso del proceso puedan salir otros elementos para que la Misión de Apoyo para el Combate de la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), amplÃe con una segunda lÃnea de investigación y apuntar hacia los mas altos como el pueblo hondureño quiere», aseveró el exmiembro del CNA.
Cabe mencionar que la fiscalÃa hondureña acusó ayer lunes a 16 personas por cometer «fraude» para autorizar una planta hidroeléctrica en el rÃo Gualcarque, con base en denuncias que habÃa hecho la asesinada ambientalista Berta Cáceres, anunció la misión contra la corrupción de la OEA.
La jefa interina de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Ana MarÃa Calderón, indicó en rueda de prensa que la fiscalÃa «presentó evidencia probatoria» por los delitos de «fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios (…) y falsificación de documentos».
Las pruebas fueron aportadas «partiendo de denuncias presentadas por la lideresa indÃgena lenca Berta Cáceres, asesinada hace tres años», añadió la representante de la MACCIH, un ente creado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para ayudar a la fiscalÃa hondureña.
Argumentó que «el fraude se evidencia con una serie de trámites administrativos irregulares para favorecer el proyecto que desarrollaba DESA», realizados por funcionarios de la SecretarÃa de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), ENEE y otras instituciones.
Siete personas fueron sentenciadas por el asesinato de Cáceres, pero el juzgado aún no les ha definido la pena.
Entre los sentenciados está el gerente ambiental de DESA, Sergio RodrÃguez, a quien la fiscalÃa acusó de coordinar con un militar la contratación de sicarios que cometieron el homicidio.
Con información de AFP.nl/mas/cbr
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