Radio América. Este viernes, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, advirtió sobre el impacto de la demanda interpuesta por la ZEDE Próspera contra el Estado hondureño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) donde, según indicó, la querella asciende a más de 10,600 millones de dólares, una cifra que “representa un tercio del PIB del país”.
Solórzano explicó que el conflicto surge tras la derogación de la ley de las ZEDES y la aplicación de la retroactividad mediante una resolución del Poder Judicial, lo que dejó a los inversionistas en un “limbo jurídico”.
“Más allá de que las ZEDES contenían vicios de inconstitucionalidad, lo mejor habría sido buscar acuerdos, ya que los inversionistas llegaron con el amparo y protección del Estado”, sostuvo.
El analista y abogado Kenneth Madrid criticó la decisión del gobierno de Honduras de retirarse del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), asegurando que esta medida “envía un mensaje negativo sobre el respeto a las leyes y la seguridad… pic.twitter.com/atb35l0s3H
— Radio América HN (@radioamericahn) March 7, 2025
El abogado destacó que la incertidumbre legal ha generado un clima desfavorable para las inversiones en el país. “Hoy, ni siquiera las mismas ZEDES saben bajo qué marco jurídico están operando, lo que ha propiciado esta demanda millonaria”, afirmó.
El profesional del derecho además instó al Estado a encontrar una solución negociada antes de enfrentar un fallo adverso en el CIADI. Señaló que, de perder la demanda, el costo recaerá en los hondureños.
“Si la probabilidad de perder es alta, lo mejor es lograr un buen arreglo y no un mal pleito, porque al final quienes pagan son los ciudadanos a través de sus impuestos y remesas”, concluyó.
