Radio América-EFE. Dalma Maradona, una de las hijas de Diego Armando Maradona, denunció este martes, durante el juicio por la muerte de su padre, que los médicos que lo trataban cuando falleció obstaculizaron el contacto del Ãdolo argentino con su familia y los engañaron «de la manera más cruel» sobre su última internación.
Dalma, una de las dos hijas que el exfutbolista tuvo con su exesposa, Claudia Villafañe, acudió este martes al Tribunal de lo Criminal Número 3 de San Isidro, provincia de Buenos Aires, y brindó testimonio por primera vez desde el comienzo del juicio contra siete profesionales de la salud por la muerte de su padre el 25 de noviembre de 2020.
La hija del Ãdolo argentino cuestionó con dureza al equipo médico que estuvo a cargo de los cuidados de su padre durante la internación domiciliaria, posterior a una operación en la cabeza el 3 de noviembre de 2020, y acusó que limitaron el contacto que ella y otros familiares podÃan tener con Diego.
«Muchas veces yo dije que no reconocÃa a mi papá en el ultimo tiempo porque ya no se reÃa, se perdÃa, si estábamos en una videollamada no sabÃa quién estaba del otro lado», relató Dalma, quien alertó de esta situación al equipo que trataba a su padre.
«Los médicos decÃan que era normal, que eran semanas, pero que iba a estar bien y obviamente durante todo ese último tiempo nos cortaron todo tiempo de contacto», añadió, y precisó que quienes obstaculizaron el contacto con su padre fueron su médico de cabecera, Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos DÃaz.
Consultada por su participación en la toma de decisiones sobre el equipo médico del exfutbolista y los procedimientos a los que fue sometido, Dalma explicó: «Nosotras no tenÃamos mucha injerencia, podÃamos decir lo que nos parecÃa pero no decidÃamos nada».
Según comentó, tras la operación de Maradona el 3 de noviembre, Luque le dijo a la familia que la única opción para el proceso de recuperación era una internación domiciliaria, mientras que descartó la posibilidad de una internación -voluntaria o por la fuerza- en la ClÃnica Olivos, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires.
«Discutimos las 3 opciones, no nos parecÃa tan mal porque nos prometieron lo mismo (en la internación domiciliaria) que en la ClÃnica Olivos, y nunca pasó. Nos engañaron de la manera más cruel», señaló Dalma, que aseguró que las condiciones de la vivienda en la que fue internado su padre no se ajustaban a lo que les habÃan prometido.
Dalma denunció además que MatÃas Morla, abogado de Maradona; Maximiliano Pomargo, asistente del exfutbolista; y Vanesa Morla, hermana de MatÃas, que manejaban los asuntos de su padre, también obstaculizaron el contacto con la familia durante la última internación.
«Él me llamaba y me decÃa ‘no venÃs nunca, venÃ, traeme a la nena (su nieta)’. Pero fui y desde la puerta empiezo a llamar y me dicen que está dormido, me vine en el auto con una bebé y no me dejan entrar, a mà no me hagan esto», expresó Dalma, quien describió otras instancias en las que tanto Pomargo como el psicólogo DÃaz impidieron que visitara a su padre.
«Nos decÃan que estaba todo bien»
«Nos decÃan que estaba todo controlado y que estaba todo bien, pero no nos permitÃan el ingreso por lo cual no podÃamos corroborar que eso era verdad», añadió, mientras se quejaba de la falta de atención a su padre durante sus últimos dÃas.
Ante la consulta sobre en cuántas ocasiones se le negó acceso, Dalma respondió que «muchas, muchÃsimas veces», y enfatizó que Diego no le creÃa cuando se lo contaba.
Además de Luque, Cosachov y DÃaz, son juzgados en este proceso la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.
La enfermera Gisela Madrid también está procesada pero enfrentará un juicio por jurados, tal y como solicitó.
Los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si siete de los ocho acusados son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena máxima de 25 años de prisión. EFE.
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