Radio América. A criterio del abogado penalista, Joaquín Mejía, el Fiscal General de la República, Óscar Fernando Chinchilla y el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta deben ser sometidos a juicio político por incompetencia y negligencia.
“Cómo es posible que el Ministerio Público no haya hecho absolutamente nada en contra de Tony Hernández y todos los narcotraficantes extraditados a Estados Unidos”, comenzó diciendo.
“Eso evidentemente implica una negligencia e incompetencia del Ministerio Público”, apuntó el profesional del derecho.
Luego hizo referencia al flácido actuar de la CSJ con el tema de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, más conocidas como ZEDE.
Cuestiona que este ente judicial no haya hecho nada cuando el artículo 9 de la Constitución establece que no se pueden celebrar convenios que lesionen la integridad territorial.
“Es obviamente claro que estos magistrados lo que han hecho es realizar acciones contrarias a la Constitución de la República y al interés nacional como establece el artículo cinco”, afirmó.
El jurista hondureño insiste en que estos dos altos funcionarios del gobierno han sido “incompetentes” para investigar a “grandes corruptos”.
Mejía recordó una vez más que la Fiscalía no hizo nada en el tema de traición a la patria en el marco del golpe de Estado y la reelección presidencial en 2009 y 2017.
En consecuencia, dijo, la Carta Magna del país establece tres mecanismos para ejercer un control político para el desempeño de estos funcionarios.
“La ciudadanía debe ir más allá del voto y debe ejercer su papel de contrapoder para exigir que el nuevo Congreso Nacional, independientemente de su afiliación, inicie un juicio político contra estos funcionarios”, añadió.
El Ministerio Público, agregó, sólo se ha ensañado contra algunos casos e hizo referencia al expediente Guapinol en el departamento de Colón.
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Con el reporte de: Javier Rivera
