Radio América. A criterio del analista, Raúl Pineda Alvarado, el reciente comunicado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha dejado más dudas sobre la jurisdicción penal en las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, ZEDE.
Sus declaraciones surgen luego de que el lunes el Poder Judicial anunciara la creación de la Jurisdicción de las ZEDE, cuya propuesta fue emanada del Comité de Adopción de Mejores Prácticas de las ZEDE (CAMP).
Según lo conocido, la Ley orgánica de las ZEDE le otorga una prerrogativa al proyecto de “ciudades modelos” pues los encargados de estas direcciones tendrían la facultad de designar su propio sistema de justicia.
No solo eso, pues también podrían conformar su propia policía, fiscalía, hospitales y hasta escuelas.
“Cuando veo ese comunicado de la Corte me asaltan muchas dudas, pues le da privilegios a la jurisdicción penal”, expresó el analista y profesional del derecho.
“Eso significa que van a poder disponer de un sistema penitenciario interno con propia policía y cárceles para ejecutar las sentencias penales que emitan”, agregó.
Dichas determinaciones, añadió, estarían atentando con el rango constitucional de algunas instituciones del Estado como el Ministerio público y la Policía Nacional.
“Nos preocupa porque esto atenta contra la indivisibilidad del poder político, ya que el mismo no es divisible y que cuando se empieza a dividir entonces se está trabajando hacia su desintegración”, comentó.
De acuerdo al letrado las zonas de empleo podrían crear una multiplicidad “disgregando” el Estado hondureño a través de un “proyecto político perverso”.
Pineda Alvarado coincide con algunos profesionales del derecho al manifestar que esto es atentatorio de la Constitución y es crear estados dentro de un Estado.
El jurisconsulto señaló que las ZEDEs son notoriamente inconstitucional y políticamente perjudicial a los intereses del Estado hondureño.
El presidente hondureño entregó ayer a representantes de las ZEDE el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para la creación de Tribunales Especiales y el decreto legislativo que reforma la Ley del Impuesto Sobre Ventas (ISV) para su aplicación en esas zonas.
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