Radio América. Fue el 28 de abril de 2023 cuando el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, mostró su interés por formar parte de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco de Desarrollo de América Latina. La petición formal la entregó el canciller Enrique Reina.
La CAF es un banco conformado por 20 paÃses: 18 de América Latina y el Caribe, España y Portugal más 13 bancos privados de la región. Honduras se convertirá en su socio número 21.
El banco de la CAF es multilateral, que presta múltiples servicios bancarios a clientes de los sectores público y privado de sus paÃses accionistas. Asimismo, promueve programas de integración y desarrollo, explica en su portal.
Su sede princial permanente está en Caracas, Venezuela. Cada socio debe pagar $470 millones por su incorporación, unos 11,000 millones de lempiras aproximadamente.
El 16 de mayo el oficialismo en el Congreso Nacional ya contaba con los votos mÃnimos (65) para aprobar la adhesión al banco. Votaron 66 diputados entre propietarios y suplentes.
Esa misma noche expuso el director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, sobre el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria. En su disertación, llamó corruptos a miembros del Partido Nacional y Liberal, estos últimos habÃan apoyado la adhesión a la CAF.
Los liberales indignados retiraron su apoyo a la adhesión de la CAF, lo que complicó la aprobación del acta y que el titular del Congreso Nacional suspendiera la sesión.
Pasaron semanas para que el Congreso Nacional retornara a sesiones. Fue el 12 de julio que la junta directiva sometió a ratificación el acta de la sesión anterior, en la que habÃa quedado en suspenso la adhesión a la CAF.
El Congreso votó el acta: 71 en contra, 55 a favor y dos abstenciones. El acta no fue ratificada.
Aún en la controversia, el oficialismo afirma que la adhesión se dio y envió el decreto al Poder Ejecutivo, donde fue sancionado por la presidenta Xiomara Castro.
Hoy 28 de julio de 2023, aparece publicada en el diario oficial La Gaceta la adhesión de Honduras a la CAF, ordenada por el Poder Legislativo.
El oficialismo asegura que todo se hizo bajo la legalidad, sin embargo la oposición, sector privado y varios representantes de la sociedad civil afirman que la no aprobación del acta, traerá problemas legales en un futuro.
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