Radio América. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, este miércoles presentó una iniciativa para darle independencia a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), con el fin de ejercer la acción pública penal de oficio en casos de corrupción de alto impacto, sin la autorización del Fiscal General y del Ministerio Público.
El parlamentario refirió, que «el Ministerio Público ha demostrado su incapacidad en la lucha contra la corrupción, lo que ha permitido impunidad en muchos casos, y eso significa que la comunidad internacional no crea en la institucionalidad del paÃs».
«Desde el Poder Legislativo estamos llamados al fortalecimiento del sistema estatal que permita la lucha efectiva contra las redes de corrupción e impunidad», instó Redondo.
En ese sentido, el titular del Parlamento dijo que la UFERCO es el organismo encargado del combate de la corrupción y la impunidad, acciones «imposible de realizar cuando toda investigación tienen que ser aprobada por la Dirección General de la FiscalÃa».
Con el presente decreto, Redondo, está seguro que en corto plazo la UFERCO logrará avances significativos en el desmontaje y desarticulación de las redes de corrupción en Honduras, por tanto, es necesario dotarla de un estatus especial para cumplir con sus funciones concediéndole un grado de independencia superior a la demás fiscalÃas, a efecto que los fiscales acreditados procedan al ejercicio de la acción pública penal de oficio como agentes del Ministerio Público.
Asimismo, otorgar mecanismos que permitan que la UFERCO logre su objetivo por la cual fue creada.
En la exposición de artÃculos, el proyecto autoriza a la UFERCO ejercer la acción penal de oficio en los casos de corrupción de alto impacto, sin que deba someter su decisión a la aprobación previa del Fiscal General y de ninguna otra autoridad del MP.
Añadió que, para el cumplimiento de su función la UFERCO requerirá de las dependencias estatales quienes deberán remitir la documentación solicitada y sin dilación.
El titular del Poder Legislativo, advirtió que, «quién se niegue entregar la documentación bajo cualquier artificio o retarde la remisión de la misma, entonces será castigada con 200 salarios mÃnimos e incurrirá en responsabilidad penal.
Precisó que el personal asignado en la UFERCO gozará de inamovilidad de sus cargos y no podrán ser objeto de sanciones disciplinarias como consecuencia de las investigaciones que realicen y por el ejercicio de la acción pública penal de oficio.
Para eso, el presupuesto de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción será aumentado por la administración del Ministerio Público en un 10% de lo asignado durante el 2021.
Información: Héctor Murillo
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