Marlon Ochoa: »Empresas que impulsan movilizaciones están involucradas en corrupción tributaria»

Radio América. El titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, aseguró que una de las empresas que estarían organizando y obligando a sus empleados a participar de las movilizaciones en la zona sur el país, está involucrada en actos de corrupción en el tema tributario.

»Una de las empresas más relevantes que más han convocado y presionado a sus empleados para participar en estas movilizaciones, vienen gozando desde hace 36 años de beneficios fiscales y aún le restan 12 años adicionales en el goce de esos beneficios», comenzó diciendo el funcionario.

Además, agregó que: »Si hoy se aprobara la ley, seguiría gozando esta empresa de 12 años de beneficios fiscales. Nos preguntábamos porqué estaban con esta actitud negativa; encontramos que está vinculada a un comportamiento corrupto en materia tributaria que involucra a ministros de agricultura y ganadería que formaron parte de su junta directiva y que gestionaron una vez que fueron ministros, concesiones para sus fincas camaroneras, en ese caso están involucrados diputados que gestionaron decretos en el congreso anterior a favor particularmente de estas empresa», señaló.

Marlon Ochoa: »Se evidencia un esquema de corrupción público-privada»

Por otra parte, Ochoa explicó que en los documentos que se encontraron existen beneficios que se crearon desde el Legislativo en el gobierno anterior. Los cuales, habrían beneficiado directamente a la empresa que, según la postura del gobierno, están incitando las movilizaciones.

»Encontramos que, de acuerdo a la ley de zonas libres, no tenía autorización para ingresar al régimen por el tema de los muros perimetrales. Sin embargo, se gestionó un decreto en donde se eliminó ese requisito. Después solicitó agregarse al régimen de exoneraciones y no se le permitió porque el decreto no tenía aplicación retroactiva y entonces gestionó otro decreto que es el 75-2021 para aplicar retroactivamente ese principio, pero después tenía problemas porque ya sus empresas estaban, en simultaneidad, gozando de dos beneficios fiscales y gestionó otro decreto que es el 126-2021 que le ordenaba directamente a la Secretaría de Desarrollo Económico resolver favorablemente en un plazo de 30 días para los expedientes de esta empresa», explicó.

Desde el gobierno de turno, la Ley de Justicia Tributaria es una solución para combatir la corrupción fiscal. Asimismo, aseguran que existe una relación público-privada que quedaría en evidencia con la propuesta del Ejecutivo.

»Lo que se evidencia acá es un esquema de corrupción público-privada y que estamos seguros que es el origen de la oposición de esta empresa ante la Ley de Justicia Tributaria, porque es precisamente este tipo de abusos y este tipo de actos de corrupción, que combate», remarcó el director del SAR.

Informe será entregado al Ministerio Público y a la CICIH

Finalmente, Marlon Ochoa explicó que el expediente que están preparando será entregado tanto al Ministerio Público, como también a la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).

»Nosotros estamos terminando de conformar el expediente que será remitido al Ministerio Público y al primer grupo de investigadores de la CICIH, para que investigue todos los antecedentes en este caso en particular», expresó.

Al mismo tiempo, respaldó que la titular del Ejecutivo, Xiomara Castro, involucrara al Consejo Nacional de Seguridad y Defensa en las investigaciones que tienen como objetivo indagar en el origen de la movilización que se produjo en la zona sur del país el pasado martes.

«No solo esta empresa, según la información que tenemos, está participando de hechos como estos, sino que hay otras empresas que tienen actos abusivos y de corrupción y que están participando en la planificación de este tipo de hechos», cerró.

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