Tegucigalpa, 23 may (EFE).- La interpretación de tres artÃculos del Código Penal de Honduras, aprobada el jueves por el Parlamento, limita la capacidad del Ministerio Público de confiscar documentos para emprender investigaciones anticorrupción, lo cual generará más impunidad en el paÃs, alertaron analistas consultados por Efe.
El Parlamento hondureño aprobó el 21 de mayo una interpretación de los artÃculos 217, 219 y 220 del Código Penal relacionados al secuestro de documentos y al perÃodo en que se debe guardar la información y documentación sobre transacciones comerciales.
La interpretación obliga ahora al Ministerio Público a solicitar de manera formal ante un juez la autorización para inspeccionar la propiedad privada e incautar documentos, los cuales debe poner a disposición inmediata del magistrado que ordenó la acción y será él quien decida en manos de qué persona o institución quedarán los mismos.
El Parlamento hondureño indicó en un comunicado que la interpretación está «apegada al derecho Constitucional» y que el Ministerio Público podrá inspeccionar «sin mayor trámite» y siguiendo el procedimiento establecido en el artÃculo 209 las instituciones públicas, donde podrá «recolectar elementos de prueba que tenga que ver con la supuesta comisión de delitos».
LABOR DE INVESTIGACIÓN LIMITADA
En opinión del analista hondureño, Raúl Pineda, la interpretación que aprobó el Parlamento «condiciona» el trabajo del Ministerio Público y «limita en un 80 %» su labor investigativa.
Con lo aprobado «termina de cerrarse del último botón del chaleco blindado de la impunidad, lo cual ha sido un sueño de todos los jerarcas de los gobiernos que practican de manera sistemática la corrupción», enfatizó.
Los polÃticos se están «blindando» al aprobar un «arsenal de medidas» que hacen «imposible» el trabajo del Ministerio Público, subrayó Pineda, quien lamentó que el fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, no se ha manifestado sobre la interpretación.
UN FISCAL «SUMISO Y OBEDICIENTE»
Destacó que Chinchilla es «sumiso, obediente y débil» frente al poder polÃtico que «compró» votos para reelegirlo en 2018, por lo que el pueblo hondureño no puede aspirar a tener un fiscal con «independencia» y con capacidad de juzgar o investigar a los que lo mantienen en el cargo.
Pineda, exdiputado del Partido Nacional, señaló que al Ministerio Público le «han venido cercenando» las facultades de investigación al limitarlo a trabajar en investigaciones que apruebe el poder polÃtico del paÃs.
Los funcionarios públicos tendrán tiempo para «desaparecer documentos o suministrarlos de manera parcial» para que cuando sean presentados ante el juzgado, el juez decida si el Ministerio Público los estudia o quedan en su poder, añadió.
Esas acciones, añadió Pineda, forma parte de «toda una estrategia definida a generar impunidad» y determinar que en el futuro «se pueden cometer actos ilÃcitos y contrarios a los intereses económicos del gobierno y del pueblo sin que exista una forma rápida y eficiente de un trabajo investigativo».
«Este acto le pone la cereza al pastel», destacó el analista, quien considera que hay que esperar que el próximo gobierno, que salga electo en las elecciones de 2021, haga una derogación o que «por milagro» la Sala Constitucional del poder Judicial declare que esa normativa «es contraria a la letra y el espÃritu» de la Constitución de Honduras.
Dijo también que todos los sectores tienen «una cuota de responsabilidad» debido a que la sociedad ha sido «tolerante, laxa» y que ve como «alto inevitable que los poderosos se apropien de los recursos públicos», por lo que Honduras necesita una nueva generación de polÃticos.
INTERPRETACIÓN ILEGAL
El excandidato presidencial por el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (Pinu) Olban Valladares coincidió con Pineda subrayando que el Parlamento ha debilitado al Ministerio Público al aprobar una interpretación «absurda e ilegal».
Las interpretaciones las ejecutan los jueces en la aplicación de las leyes y analizando si el espÃritu de la normativa concuerda con la letra, enfatizó.
El Parlamento de Honduras «nos sorprende frecuentemente y de manera desagradable» al adoptar posiciones y aprobar resoluciones que «no son del conocimiento pleno y satisfactorio del pueblo hondureño», añadió.
La decisión del poder Legislativo «debilita aún más» la labor del Ministerio Público, según Valladares, quien cree que el Parlamento ha diseñado de «manera maliciosa» una ruta para quitar a ese organismo las facultades de investigación.
La interpretación ocurre en momentos que el Ministerio Público investiga múltiples denuncias de grupos de la sociedad civil sobre presunta corrupción en las compras que está haciendo el Gobierno para combatir la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, razón por la que el director de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel RubÃ, fue separado en abril de su cargo.
Según denuncias, algunas de las supuestas compras se estarÃan haciendo a precios alterados, lo que han rechazado funcionarios que están involucrados en el plan estatal contra el COVID-19, mientras el Tribunal Superior de Cuentas reveló en abril «serias deficiencias» en las adquisiciones. EFE
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