Radio América. El director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, condenó la reforma a la Ley Especial Contra el Lavado de Activos para incluir a las organizaciones de sociedad civil en la lista de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
En términos sencillos, Ramírez explicó que las PEP son personas que tienen cargos públicos, que están emparentadas con personas de cargos públicos o tiene una relación comercial, de negocios o cualquier otro tipo con personas que disponen de recursos públicos.
Continuó explicando que estas personas son consideradas de esta manera porque dentro de su capacidad corren el riesgo de lavar dinero en el sistema financiero.
El miembro de la ASJ dijo que los estándares internaciones han establecido claramente quienes son las Personas Expuestas Políticamente señalando que en ningún caso en América Latina se ha incluido en este grupo a organizaciones de sociedad civil.
Apuntó que han revisado legislaciones de países con antecedes graves de narcotráfico y que en ningún caso califican a organizaciones de sociedad civil como personas que corren el riesgo de lavar dinero.
En otras palabras, declaró que lo que lo diputados del Congreso Nacional aprobaron en la reforma a la Ley Especial Contra el Lavado de Activos es colocar a las organizaciones que luchan contra la corrupción en el mismo saco que las personas vinculadas al narcotráfico, actos de corrupción y malversación de fondos públicos.
Según Ramírez, lo anterior representa no solo una amenaza para las organizaciones de sociedad civil, sino para periodistas que en algún momento denuncien estos actos y busquen un país libre de corrupción.
“Es importante aclarar que la reforma también hace mención clara que simplemente son organizaciones financiadas con fondos de la cooperación internacional, no habla de fondos nacionales, entonces, una Organización No Gubernamental que recibe subsidios del Congreso Nacional para ejecutar proyectos y que esté vinculada en actos de lavado de activos no se les aplicará esta reforma legal”, puntualizó.
La ASJ condenó enérgicamente esta acción de “hostigamiento” por parte del Congreso Nacional al tachar a ciudadanos organizados que combaten la corrupción en Honduras como actores que corren el riesgo de lavar dinero en el sistema financiero, cuando expusieron ni siquiera entran dentro del concepto de PEP, al no ejercer cargos públicos, colaborar con políticos, influir en las decisiones sobre el destino del gasto público y tampoco ser personas naturales.
Con información de Héctor Murillo
