Radio América. La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL), en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ha logrado una sentencia declaratoria de comiso definitivo de bienes pertenecientes al excomisario Constantino Josué Zavala Laínez y su familia.
La sentencia, ratificada por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, incluye la confiscación de dos inmuebles, 14 vehículos, tres sociedades mercantiles y 29 cuentas bancarias.
Los bienes, localizados en Tegucigalpa, Comayagüela y Nueva Aldea del Distrito Central, Francisco Morazán, fueron objeto de una investigación por parte de la UF-ADPOL que abarcó el periodo 2008-2018. Durante esta década, se descubrió una incongruencia patrimonial en el núcleo familiar de Zavala Laínez, que superaba los 74 millones de lempiras.
El análisis financiero reveló que el excomisario no pudo justificar más de 16.8 millones de lempiras y realizó movimientos financieros atípicos, manteniendo un saldo favorable superior a los 11 millones de lempiras.
Además, se desconoce el origen de más de 4.5 millones de lempiras en depósitos en efectivo realizados a empresas como Grupo de Seguridad y Servicios Electrónicos S. de R.L, Eagle Visión S.A de C.V y AlphaDesing Studio S. de R.L.
La investigación también identificó un patrimonio no justificado que supera los 57 millones de lempiras en familiares y socios, incluyendo a Cruz Ondina y Cinthia del Socorro Zavala Laínez, Héctor Alejandro Mejía Aplicano y Mario Alberto Sánchez Torres, así como las empresas mencionadas.
El MP, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), logró la detención judicial de Aron Absavet Flores García, acusado del supuesto asesinato del estudiante, Richard David Ávila Nieto,https://t.co/NbiMzm8tOP
— Radio América HN (@radioamericahn) July 1, 2024
El 11 de abril de 2022, se realizaron cuatro allanamientos y se impusieron medidas cautelares de aseguramiento e incautación sobre 83 bienes de origen ilícito, que incluían activos de otro exfuncionario policial, el comisionado retirado Adrián René Flores Marcelino, quien no pudo justificar más de 84.5 millones de lempiras.
El Ministerio Público reafirma su compromiso de investigar y sancionar irregularidades en el patrimonio de los policías, asegurando que los funcionarios públicos actúen con integridad y transparencia.
Este esfuerzo busca detectar y sancionar cualquier abuso de poder o corrupción, garantizando la justicia para el pueblo hondureño.