Radio América. El expresidente Juan Orlando Hernández podrÃa conocer mañana miércoles si será extraditado o no a los Estados Unidos, paÃs que le acusa de tres cargos asociados al narcotráfico y uso de armas y el 14 de febrero solicitó su arresto preventivo, con fines de extradición.
Ante los cuestionamientos de ‘lentitud’ en las solicitudes de extradición y otras pendientes de ejecutar, el jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, dijo, «la Comisión del Congreso Nacional la miro con dos lÃneas claras del Partido de Gobierno (…), y la primera es una intención polÃtica de querer apresurar la destitución de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público para tener gente a fin a Libre».
«Ellos quieren justificar la solicitud de Juicio PolÃtico, pero tengan paciencia, porque en febrero del otro año se elige la nueva Corte Suprema de Justicia y en septiembre del 2023 el Ministerio Público», subrayó.
El parlamentario consideró «incorrecto» (juicio polÃtico) porque quieren justificar procesos que no están apegados a la ley, ya que para las solicitudes de extradición existe un procedimiento en donde Estados Unidos envÃa la solicitud a la CancillerÃa de la República y esta lo emite a la presidencia de la Corte Suprema que de inmediato convoca al pleno se nombra un juez para que conozca la petición de extradición».
Seguidamente, se libra la orden de captura para que las autoridades policiales la ejecuten en contra de la persona extraditable.
En ese sentido, el diputado nacionalista dijo ver ninguna «falencia» por parte del Poder Judicial por no ser el encargado de capturar a los solicitados en extradición.
Zambrano, recalcó que la Comisión legislativa tiene dos aspectos: Querer sacar un juicio polÃtico y la segunda de que se necesita la ley de extradición porque es mejor que un auto acordado.
«Pero ahora como gobierno lo van hacer, porque quieren tener cierto espacio de maniobras y blindajes sobre posibles extradiciones en el futuro para gente a fin al actual gobierno», aseveró el diputado del departamento de Valle.
Ante las 97 solicitudes de extradición de las cuales 32 están pendientes de ejecutar, el entrevistado, arguyó que no es la Corte Suprema la que debe responder, sino los cuerpos policiales para capturar a los extraditables.
Información: Héctor Murillo
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