Radio América. Las dos principales ciudades del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, amanecieron con rótulos colocados en diferentes zonas exigiendo la llegada de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
El nuevo reclamo ha despertado por enésima ocasión la opinión de los sectores políticos y de sociedad civil en el territorio hondureño en donde crece la incertidumbre de si se instalará la misión anticorrupción o no.
Las declaraciones de algunos actores de la vida nacional se da justo cuando se aproxima el vencimiento del Memorándum de Entendimiento con Naciones Unidas para dicho proceso
El mismo llega a su fin en el mes de junio tras algunas extensiones gestadas en 2023 por el Gobierno, por lo que, se espera culminar las negociaciones antes del plazo o de ser necesario prorrogar una vez más.
El analista Luis León externó por su parte que la CICIH no es una ocurrencia de políticos sino más bien una exigencia social surgida en las calles en donde se marchó para el establecimiento de un mecanismo contra dicho flagelo.
El exdirector del Instituto Holandés para la Democracia es de la opinión que en el Congreso Nacional estaría siendo “el embudo” en este proceso, pues según ha externado, los requisitos de la ONU no están siendo atendidos por el legislativo.
La directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, consultada sobre el tema manifestó que la promesa de la CICIH quedará solamente en eso, pues es del criterio que los políticos continúan negociando impunidad en Honduras.
“Nos quedamos con esa promesa al inicio de gobierno y posteriormente solo hemos visto obstáculos desde el poder Ejecutivo y Legislativo para que esa misión no venga”, objetó, señalando que no existe oposición.
“Hay un muy buen porcentaje de la clase política que no quiere que venga una misión internacional para apoyar el trabajo del Ministerio Público como lo vimos con la MACCIH”, agregó.
Honduras y Naciones Unidas ampliaron hasta junio de 2024 el memorándum de entendimiento (MOU) firmado en 2022 para la constitución de un mecanismo de lucha contra la corrupción en el país centroamericano.
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